A un año de la muerte de un niño de 13 años durante la represión policial en Puebla, los familiares de la víctima exigen justicia. Pese a los diversos llamados de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para que se juzgue a los responsables, hasta el momento no hay imputados por el caso. Acusan al gobernador de la entidad mexicana, Rafael Moreno Valle, de no acatar las disposiciones del máximo órgano defensor de derechos humanos del país. Los hechos ocurrieron en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan, durante un choque violento entre policías estatales y pobladores que exigían la reapertura del registro civil de la comunidad el 9 de julio de 2014. El proyectil alcanzó al pequeño, quien iba con su madre. teleSUR
