El presidente Javier Milei ha generado polémica al nombrar a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de Argentina mediante un decreto, eludiendo el proceso habitual del Senado. Este movimiento ha sido criticado por socavar la división de poderes y forzar una interpretación constitucional que favorece un enfoque hiperpresidencialista. La situación ha desatado un intenso debate sobre la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones democráticas, con opiniones divididas incluso dentro de la Corte Suprema. La decisión podría sentar un precedente preocupante para futuros gobiernos.