Durante la mesa “Diálogos por la Vivienda”, activistas y académicos propusieron la formalización de los contratos de arrendamiento, establecer un tope de renta y tipificar como delito la especulación inmobiliaria, así como endurecer las sanciones en caso de no cumplir con normativas urbanas, mejorar la regulación de las viviendas en el suelo urbano y fomentar la rehabilitación de viviendas deshabitadas.
