La vivienda vuelve a ser el epicentro de la ruptura entre los dos socios del Gobierno de España. Tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre un nuevo real decreto ley para frenar la escalada de los alquileres mediante incentivos fiscales, Sumar ha confirmado que no apoyará la medida, calificándola de ineficiente y contraria a los intereses de los inquilinos. Este choque frontal escala la tensión en un Ejecutivo que mantiene un pulso permanente por el rumbo de sus políticas sociales desde hace dos años.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sido la primera en marcar distancias de forma tajante con el ala socialista. Para Díaz, la intención de bonificar el 100 % del IRPF a los caseros que no suban el precio del alquiler supone "regalar dinero público a los rentistas", algo que ha tachado de "grave error". A través de sus redes sociales, la ministra de Trabajo ha sido contundente al afirmar que, "en estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo", recordando que "la vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal".
Desde el sector de Sumar consideran que el plan de Sánchez, que busca compensar a los propietarios para que ganen lo mismo que si incrementasen el precio, está "pensando en los rentistas" y no en las familias que sufren la presión del mercado.
El desacuerdo no es solo formal, sino ideológico. Mientras el PSOE apuesta por incentivar la bajada de precios mediante el ahorro de impuestos para los caseros, Sumar exige una intervención mucho más drástica. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien abandera un decreto alternativo dentro del socio minoritario, ha denunciado que la propuesta del presidente es "ineficaz", "injusta" y "no es adecuada".
En su lugar, el grupo plurinacional presiona para que el Consejo de Ministros apruebe una prórroga obligatoria de los contratos que vencen, impidiendo cualquier subida de cuantía. El portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado que la medida socialista "es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", señalando que lo urgente es frenar la "subida masiva" de precios que afectará a casi 600.000 personas en España con la renovación de sus contratos.
La fractura se extiende a todos los niveles de la coalición. Voces como la de Aina Vidal, de En Comú, han advertido que "el PSOE sólo contará con nuestro apoyo si pone los derechos de las familias por encima de las ganas de forrarse de los rentistas". Por su parte, Enrique Santiago (IU) ha recordado que dejar el control de precios a la voluntad de los dueños "no ha funcionado, ha provocado especulación".
Este escenario deja al decreto ley de Sánchez en una posición de vulnerabilidad parlamentaria. Con el sector socialista ignorando hasta ahora las propuestas más ambiciosas de su socio, la falta de apoyo de Sumar obligará al Gobierno a buscar mayorías alternativas en un Congreso ya de por sí fragmentado.
