Más de 500 jueces de paz y 5.000 funcionarios administrativos enfrentan la incertidumbre tras la implementación de una polémica reforma que, bajo el suepuesto argumento de la profesionalización, ha transferido la justicia comunitaria del ámbito municipal al control directo del ministerio de gobierno, un cambio que críticos denuncian como un retroceso y un riesgo de politización para la justicia local. teleSUR
