Diversos colectivos sociales y de derechos humanos han cuestionado la constitucionalidad del decreto legislativo 1589, que amplía los delitos vinculados a la protesta social y la criminaliza con penas de cárcel de hasta 15 años. Actualmente, el tribunal constitucional revisa el decreto publicado en 2023 tras la represión del gobierno de Boluarte y luego de la demanda interpuesta por el colegio de abogados de Puno, teleSUR
