Se presume que el capturado era el encargado de imponer la ley del terror en los municipios de San Roque y Maceo, Antioquia. Presuntamente intervenía indebidamente en los conflictos comunitarios, fijaba restricciones, prohibiciones y multas a los involucrados en medio de amenazas, y de esta manera obtenía recursos para la organización criminal.
