El derecho a la defensa se ve comprometido cuando la presencia del abogado en las actuaciones es inexistente. Este caso pone de manifiesto las dificultades para ejercer una defensa legal efectiva, especialmente cuando se desconoce el número exacto de detenidos y los vínculos entre los investigados.
La falta de acceso a los investigados y a las diligencias previas impide una estrategia de defensa sólida. Cuestionamientos sobre las conexiones entre los detenidos y el representado principal, como Juan Pedro, se vuelven imposibles de plantear directamente.
Surgen dudas sobre posibles errores policiales al no distinguir entre grupos criminales antagónicos. Las diferencias entre facciones, comparables a rivalidades deportivas, sugieren una posible confusión en la investigación.
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