El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, Miguel Ángel Vargas Delgado, cuestionó la Ley 157 al señalar que permitir el uso de tierras como garantía podría contradecir la Constitución y abrir paso al acaparamiento. Indicó que la pequeña propiedad, protegida como patrimonio familiar, podría verse vulnerada al ingresar al sistema financiero.
