¡En medio de una crisis! El vocero municipal Bernardo Montenegro revela verdades incómodas sobre el caso Mutualista, desnudando la inacción de instituciones clave. Dos años de advertencias y súplicas ignoradas por el Comité Cívico, Tribunales de Justicia y colegios profesionales, quienes ahora aparecen para criticar la inminente revocatoria de medidas cautelares y posible prisión del alcalde Johnny Fernández.
Se destapa la olla: un fallo constitucional emitido por "autoprorrogados" ha estado en el aire por dos años, obligando al cumplimiento y poniendo al alcalde en jaque. Fueron acciones judiciales presentadas sin eco hasta ahora, cuando el peligro es inminente. ¿Por qué tantas instituciones reaccionan solo cuando el agua rompe el dique?
La responsabilidad apunta directamente al Consejo Municipal, con nombres y apellidos. El concejal Medrano, quien tramitó la ley para la familia Crapuzzi y dio de baja la ley de dominio municipal, admitió que los terrenos ya se consideraban privados. Pero no actuó solo.
El concejal Baca, hoy un feroz defensor, es cuestionado por su participación en la aprobación de esa misma ley. Seis concejales son señalados por dar de baja el dominio de estos predios y deben explicaciones claras a la ciudadanía, en lugar de buscar excusas. ¿Por qué aprobaron esa ley si ya existía el fallo?
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