El caso de Edith Guadalupe ha tomado un giro aún más impactante tras la revelación oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre la causa de su muerte. De acuerdo con la fiscal Bertha Alcalde, la joven fue asesinada con un objeto punzocortante tipo desarmador, el cual fue localizado en el lugar de los hechos. Las heridas en el tórax fueron determinantes, evidenciando un ataque directo y violento. Además, la investigación apunta a que el principal sospechoso, encargado de la vigilancia del inmueble, tenía control del acceso y del sistema de videovigilancia, el cual fue desconectado justo antes de que la víctima ingresara.
A esto se suma un elemento que ha generado indignación: la Fiscalía admitió un retraso de aproximadamente 15 horas en el inicio de la búsqueda, calificándolo como “injustificable”. Durante ese tiempo, se habrían perdido oportunidades clave para actuar con rapidez. También se detectaron intentos de limpiar la escena, así como inconsistencias en la conducta del imputado, quien negó inicialmente la presencia de la joven y fue visto realizando actividades sospechosas tras los hechos. El caso ha encendido el debate sobre los protocolos de actuación en feminicidios y la responsabilidad de las autoridades en la protección de las víctimas.
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