Vox, bajo el liderazgo de Santiago Abascal, no se queda quieto ante esta situación. Jorge Buxadé, su coordinador jurídico y jefe de delegación en Bruselas, ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, solicitando una suspensión cautelar. Sus argumentos se centran en los riesgos para la seguridad pública, el posible colapso de servicios y la alteración del censo electoral debido a futuras nacionalizaciones masivas.
Simultáneamente, Vox activa su estrategia en Bruselas. Ha solicitado un debate en el Comité de Justicia del Parlamento Europeo, presidido por el popular Javier Zarzalejos, así como una reunión urgente con el comisario Brunner. Critican que España está rompiendo con el consenso establecido por la Comisión Europea, que este jueves aprobó una estrategia para reforzar las fronteras y facilitar retornos. Mientras países como Francia y Dinamarca endurecen sus políticas migratorias –incluso aquellos con gobiernos socialdemócratas–, España podría estar creando un "efecto llamada" que tensiona aún más el espacio Schengen: los regularizados aquí podrían moverse libremente por Europa.
El PP también se suma a las críticas: Dolors Montserrat advierte desde la Eurocámara que Sánchez "sabotea el Pacto de Migración y Asilo", alimentando mafias y abriendo brechas en materia de seguridad. Desde Génova están evaluando posibles acciones legales y llevando este debate a comisiones europeas. Además, según destaca Periodista Digital, Vox está presionando por una investigación paralela sobre corrupción, exigiendo recuperar unos 500 millones de euros en fondos europeos que están en riesgo debido a diversos escándalos.
