¿Cómo es posible que un comisionista en una trama de corrupción tuviera una carta oficial de la SEPI autorizándole a vender patrimonio del Estado? La ministra Montero se enfrenta a preguntas directas sobre la supuesta carta del exsenador Aldama, que afirma haber recibido una autorización oficial de la SEPI.
La defensa de la ministra insiste en que desconoce la existencia de dicha carta y la califica de "declaraciones de un presunto delincuente". Sin embargo, se argumenta que la carta forma parte de una pieza judicial secreta y su contenido ha sido ratificado ante el tribunal.
Este debate pone en tela de juicio la transparencia y el control de la SEPI, planteando si el organismo funcionaba como una inmobiliaria privada al servicio de tramas corruptas. La credibilidad de las instituciones del Estado queda en entredicho ante estas graves acusaciones.
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