El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso decisivo para asegurar la protección de miles de inquilinos en España. Este viernes, el departamento ministerial ha remitido una carta formal a un total de 541 inmobiliarias y fondos de inversión, exigiéndoles el cumplimiento estricto de la normativa de vivienda vigente desde finales de marzo. Estas entidades, que concentran al menos 50 propiedades cada una bajo su gestión, controlan de forma conjunta un volumen superior a los 50.000 alquileres en todo el territorio nacional.
