Organizaciones de la sociedad civil reiteraron el llamado al Consejo Nacional de la Magistratura para que convoque de inmediato la evaluación de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia, insistiendo en que el proceso debe cumplir estrictamente con el debido proceso, la dignidad de los evaluados y los criterios establecidos en la Constitución y la ley.
Durante la intervención de Patricia Santana Nina, se advirtió sobre errores cometidos en procesos anteriores, como la falta de motivación en las decisiones de no confirmación, pese a evaluaciones favorables, citando el caso de la magistrada Pilar Jiménez. En ese sentido, subrayaron que si un juez cumple con sus funciones, no existe justificación para su desvinculación, ya que la normativa permite su continuidad en el cargo.
Asimismo, enfatizaron la necesidad de garantizar transparencia y publicidad en todo el proceso, incluyendo la entrega oportuna de actas y la claridad en los criterios de selección. Señalaron que retrasos en la publicación de decisiones anteriores afectaron la confianza pública y dificultaron la comprensión de los resultados. También llamaron la atención sobre la falta de paridad de género en la Suprema Corte, destacando la predominancia masculina, y abogaron por procesos más inclusivos y abiertos a la participación ciudadana, asegurando que todas las personas que aspiren a continuar en sus funciones sean evaluadas bajo estándares claros, públicos y equitativos.
