El australiano se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán. Preocupaciones alrededor de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos llevaron al tribunal de Londres a permitir una nueva apelación en el caso.
