$121.858 millones es la suma que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió al Gobierno y al Congreso para implementar sus primeras sentencias restaurativas. Sin esos recursos, advierte el tribunal, será imposible garantizar el cumplimiento de las sanciones propias y la reparación a las víctimas. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, ya había alertado en el pasado sobre estas dificultades.
