El Estado colombiano es patrimonialmente responsable de la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa en el holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Así lo acaba de determinar el Consejo de Estado en una decisión en la que resalta que la culpa de la tragedia es compartida entre la guerrilla del M-19 y el Ministerio de Defensa, por “la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma".
