En un año, Washington recaudó más de US$ 440 millones en aranceles aplicados a productos dominicanos, y la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los gravámenes excedieron las competencias de Trump y ordenó la devolución de US$ 166,000 millones pagados por importadores.
Mientras eso sucede, el Gobierno y el sector privado continúan las gestiones diplomáticas para reducir el impacto de la medida. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reiteró que el Gobierno dominicano mantiene conversaciones permanentes con las autoridades estadounidenses para enfrentar las consecuencias de los aranceles del 10 % impuestos a las exportaciones nacionales.
El funcionario explicó que República Dominicana no encaja dentro del principal argumento utilizado por Estados Unidos para justificar la imposición de aranceles, debido a que la balanza comercial favorece a la economía estadounidense.
