María Cabrera caminaba entre las cenizas de la casa donde había vivido durante 60 años, rescatando las pocas pertenencias calcinadas que le quedaban de entre los escombros después de que la violencia de los cárteles obligara a su familia y a gran parte de su comunidad a huir a las montañas del sur de México.
Esta mujer de 74 años escapó de su pueblo, Tula, en el estado de Guerrero, la semana pasada, luego de que atacantes presuntamente vinculados al grupo criminal Los Ardillos bombardearan comunidades cercanas con explosivos lanzados desde drones, abrieran fuego e incendiaran casas, según residentes y organizaciones locales de derechos humanos.
Cabrera lloraba mientras los soldados escoltaban a las familias desplazadas de regreso al pueblo para recuperar lo que quedaba de sus pertenencias.
A su alrededor, las casas quemadas y las calles desiertas evidenciaban la magnitud de la violencia que ha sacudido la región montañosa.
Los ataques provocaron un éxodo masivo de la zona. El Consejo Popular Indígena de Guerrero-Emiliano Zapata, conocido como CIPOG-EZ, estimó que al menos 800 personas fueron desplazadas y tres policías comunitarios murieron, aunque las autoridades mexicanas dijeron que solo 120 personas huyeron y confirmaron que no hubo muertes.
