Las entregas a la justicia estadounidense de Gerardo Mérida, el exsecretario de seguridad del Estado de Sinaloa y de Enrique Díaz, el exsecretario de finanzas, acaba acaba con la narrativa de que las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha y su estructura de gobierno cómplices de los chapitos en el Estado de Sinaloa exigía pruebas.
