La compañía cuenta ahora con un plazo de tres meses para elaborar y presentar un plan de acción detallado con el que corregir las irregularidades detectadas durante la investigación. Ese documento deberá incluir medidas concretas, un calendario de ejecución y mecanismos de control que permitan acreditar ante las autoridades que la empresa está dispuesta a subsanar las deficiencias señaladas y evitar que vuelvan a producirse en el futuro.
Sin embargo, la presentación de ese plan no impedirá la imposición de la sanción económica ya prevista por el organismo supervisor. La multa seguirá adelante al considerar la administración que las infracciones cometidas son lo suficientemente graves como para justificar una penalización. El proceso abierto busca, por un lado, castigar los incumplimientos detectados y, por otro, obligar a la compañía a introducir cambios estructurales en su funcionamiento interno.
Además, las autoridades han advertido de que el seguimiento será exhaustivo durante los próximos meses. En caso de que la empresa no cumpla los compromisos adquiridos o mantenga las conductas irregulares, podría enfrentarse a nuevas sanciones todavía más severas, tanto económicas como administrativas, lo que incrementaría considerablemente el impacto reputacional y financiero sobre la compañía.
