El sistema educativo español se enfrenta a un curso 2026/2027 marcado por la incertidumbre y la pérdida masiva de recursos lingüísticos. Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana han decidido salirse del programa de auxiliares de conversación en lengua extranjera del Gobierno. Esta drástica decisión es el resultado de una prolongada pugna entre el Ministerio de Educación, dirigido por el PSOE, y el Ministerio de Trabajo, bajo el mando de Yolanda Díaz.
La controversia estalló cuando el departamento de Trabajo comenzó a perseguir el uso de estos estudiantes internacionales en varias comunidades, argumentando que están siendo utilizados como "falsos becarios" que deberían contar con un contrato laboral y cotizar a la Seguridad Social. Por el contrario, las autonomías defienden que se limitan a cumplir un convenio formativo que no contempla dicha cotización y que se trata, fundamentalmente, de "un intercambio cultural sin contrato laboral".
Esta falta de consenso ha provocado un retraso crítico en la convocatoria de plazas, que habitualmente se publica en febrero y este año salió la semana pasada. Fuentes del sector advierten que "no va a dar tiempo a poner en marcha el programa", ya que muchos candidatos internacionales ya han optado por otros destinos ante la parálisis en España.
La salida de estas tres regiones supone la pérdida de 3.470 plazas, casi la mitad del total nacional. El precedente de Andalucía, multada con cinco millones de euros por el uso de estos auxiliares, ha pesado en la decisión de los gobiernos regionales. En la reciente Conferencia Sectorial de Educación, la consejera madrileña Mercedes Zarzalejo resumió el sentir general: "Madrid quiere seguir en el programa, pero Educación nos tiene que prometer que no vamos a ser penalizados. No nos lo han garantizado. Ningún compromiso y cero soluciones. Tendremos que tomar una decisión porque no se nos da certeza ni seguridad jurídica para las comunidades autónomas. No podemos arriesgarnos a una futura sanción".
Por su parte, la Xunta de Galicia intentó sin éxito ceder sus fondos al Ministerio para que este gestionara el programa directamente, alegando que "esto permitiría evitar las inspecciones laborales, que solo se dirigen a los auxiliares que dependen de las comunidades autónomas y no a los del propio Ministerio".
La Generalitat Valenciana también ha reducido drásticamente su participación citando "la inseguridad jurídica", la "descoordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo" y el "caos que está sembrando el Gobierno en los centros educativos".
Desde Galicia, el tono ha sido aún más contundente. La Xunta asegura que "el Gobierno obliga a la Xunta a prescindir del programa el próximo curso, después de que el Ministerio reconociera por escrito que pueden continuar las inspecciones laborales, exponiendo a Galicia a multas millonarias como las ya impuestas en otras comunidades". Manuel Vila, secretario general técnico de Educación de la Xunta, fue tajante: "Nos sentimos estafados y engañados por un Gobierno central que se lava las manos ante las inconsistencias, la irresponsabilidad y la confrontación entre dos ministerios del mismo ejecutivo, el de Educación, en manos del PSOE, y el de Trabajo, en manos de Sumar". Ante esta situación, Galicia ha denunciado "la falta de voluntad del Ministerio para resolver un problema que ellos mismos crearon, sobre el que Galicia lleva meses advirtiendo y para el que no ofrece ningún tipo de solución ni seguridad jurídica".
