El Congreso ha dado luz verde a una ley que impone penas de cárcel para las terapias de conversión LGTBI. Este debate encierra la profunda preocupación por la libertad de pensamiento y la protección de la infancia.
La nueva legislación busca eliminar cualquier posibilidad de cuestionar o dudar sobre la homosexualidad o transexualidad, incluso si se parte de una convicción personal. Se plantea la disyuntiva entre el respeto a la orientación sexual y la libertad individual de expresar dudas.
El núcleo del asunto reside en el manejo de la disforia de género en menores. La ley advierte contra la intervención en niños que no se ajustan a estereotipos de género, previniendo tratamientos hormonales o intervenciones con graves consecuencias, y garantizando el derecho de los padres a intervenir.
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