El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la regularización exprés de migrantes asegurando que, sin la aportación de la inmigración, hasta 90.000 bares en España tendrían que cerrar por falta de trabajadores. El jefe del Ejecutivo utilizó este ejemplo para reivindicar el impacto económico de la población extranjera y justificar una medida a la que finalmente se han acogido más de un millón de personas, el doble de la previsión inicial.
Durante la presentación del balance de la regularización, Sánchez sostuvo que la inmigración es "clave" para el crecimiento económico y el mantenimiento del Estado del bienestar. Además de los bares, afirmó que sin trabajadores extranjeros desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas y unas 50.000 aulas de Primaria y Secundaria se quedarían sin alumnos.
El Gobierno acompañará la regularización con un Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con 505 millones de euros, que incluirá medidas para favorecer el acceso al empleo, la vivienda, la sanidad y la educación, además de programas para reforzar el aprendizaje del español y de las lenguas cooficiales.
Con este anuncio, el Ejecutivo defiende su modelo migratorio frente a las críticas de varios países de la Unión Europea y de la oposición, insistiendo en que la integración y la ampliación de derechos fortalecen la economía y la cohesión social.
