La actualidad judicial en Madrid ha dado un giro este viernes con la comparecencia de Vito Quiles ante el Juzgado de Instrucción número 32 de la capital. La magistrada, que había dictado una orden de detención contra el comunicador por no comparecer en dos ocasiones anteriores, ha decidido levantar la medida cautelar una vez que el investigado se ha puesto a disposición judicial acompañado de su abogado, Juan Gonzalo Ospina.
Durante los dos días en los que la orden de búsqueda y captura estuvo activa, la localización de Quiles fue motivo de intensa especulación. Según fuentes abiertas, el querellado permaneció en una urbanización con piscina en el exclusivo barrio de Mirasierra, situada justo al lado de la sede de la Sareb. Desde allí, lejos de mantener un perfil bajo, Quiles lanzó un órdago a través de sus redes sociales publicando una fotografía del edificio del "banco malo" con el siguiente mensaje: «Se ha quedado un día calentito para el Gobierno. ¡Dos más que van pa'lanteeee! Si quieren venir a mi piscina a refrescarse, invitados están».
A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, tras quedar en libertad, Quiles mantuvo su tono beligerante frente al Ejecutivo: «Le hemos ganado el pulso al Gobierno. Pedro Sánchez quería la foto mía encarcelado y le hemos dicho que no. No aceptamos esta persecución». El activista calificó la orden como «un despropósito» y una «persecución del Gobierno» contra su persona.
La causa judicial que ha motivado este proceso se centra en una querella por un presunto delito continuado de calumnias interpuesta por un funcionario del Ministerio de Hacienda con 41 años de trayectoria. Quiles identificó a este trabajador en redes sociales como asesor de María Jesús Montero, afirmando además que había estado en prisión y que la ministra lo habría «encubierto y contratado» tras su liberación.
El querellante sostiene que estas informaciones son «absolutamente falsas» y que han dañado «gravemente» su reputación, provocando una «persecución pública» cargada de insultos y amenazas. Por estos hechos, solicita una indemnización de 50.000 euros.
Aunque la orden de arresto ha sido cancelada, el procedimiento sigue su curso. La magistrada ha citado formalmente a Quiles para que preste declaración como querellado el próximo 20 de julio.
El retraso en su comparecencia voluntaria se debió, según la defensa, a que el juzgado se encontraba de guardia de detenidos el jueves, lo que impedía tramitar asuntos ordinarios. Su abogado aclaró que «Vito está a disposición de todos los juzgados que le citan» y que el investigado no tuvo noticia de la denuncia hasta que la Policía se personó en su lugar de trabajo en el medio EDATV.
