La tensión en Bolivia se traslada al plano legislativo y judicial. Mientras los empresarios privados exigen una ley penalice de forma definitiva el cierre de carreteras, el presidente Paz instó a la justicia a actuar con severidad contra quienes lideraron las recientes protestas. Las movilizaciones sindicales, que duraron 50 días, se mantienen contenidas temporalmente bajo el amparo de un Estado de Excepción vigente que prohíbe reuniones sindicales durante tres meses. teleSUR
