El Congreso del Estado de Sonora aprobó una legislación que prohíbe los cortes totales del suministro de agua potable por falta de pago. Los organismos operadores tienen ahora la obligación de garantizar un flujo mínimo vital en los domicilios con adeudos, en estricto cumplimiento con el derecho humano al acceso al agua establecido en la Ley de Aguas Nacionales.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, representante del Partido del Trabajo, puntualizó que esta armonización jurídica obliga a los municipios y a los entes administradores a proyectar sus presupuestos anuales con un estricto enfoque de derechos humanos. Las dependencias gubernamentales requieren realizar inversiones inmediatas en infraestructura y medidores especializados para restringir el flujo a un límite de supervivencia sin suspenderlo por completo.
La implementación de esta normativa genera cuestionamientos sobre un posible incremento en la cartera vencida de los organismos de distribución. Ante esto, la legisladora argumentó que el corte total del servicio no inhibe la morosidad, sino que fomenta la ilegalidad. Las estadísticas oficiales indican que los usuarios con suspensión total recurren habitualmente a reconexiones clandestinas para cubrir sus necesidades básicas. El municipio de Guaymas, por ejemplo, registra un cuarenta por ciento de cartera vencida operando bajo el esquema tradicional de cortes definitivos.
El nuevo ordenamiento legal busca mantener a los usuarios dentro del marco regulatorio formal mediante el suministro de una cuota mínima. A la par, el aparato gubernamental desarrollará campañas de concientización ciudadana para reiterar que el pago puntual resulta indispensable para el mantenimiento de la red hidráulica y la calidad del líquido suministrado.
Los organismos operadores enfrentan el reto logístico y financiero de adaptar sus sistemas de medición y distribución a este mandato legislativo, asumiendo la responsabilidad de invertir en tecnología que permita dosificar el servicio a los usuarios en estado de morosidad sin violentar sus garantías individuales.
