En el segmento "ABC de la Economía", el especialista en finanzas Carlos Azpe analizó el panorama económico de México, destacando que las cifras oficiales de recuperación laboral y contención inflacionaria presentan matices importantes que deben evaluarse con cautela.
Respecto al anuncio de la creación de 250 mil nuevas plazas de trabajo en lo que va del año, Aspe aclaró que la mayor parte de este incremento obedece a la formalización obligatoria de trabajadores de plataformas digitales (como Uber, Didi y Rappi) ante el Seguro Social, por lo que no es un indicador absoluto de crecimiento en las demás actividades productivas.
En el ámbito internacional, el economista advirtió que la reactivación de tensiones en el Golfo Pérsico y el Medio Oriente genera volatilidad en los precios del petróleo. Aunque el encarecimiento del barril beneficia los ingresos de exportación de México, también aumenta el costo de las importaciones de gasolina, dado que el país solo produce entre el 40 y el 45 por ciento del combustible que consume.
Para evitar que el alza de combustibles dispare la inflación, el gobierno federal recurre a reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a los gasolineros. Esta medida de contención le cuesta al erario alrededor de cinco mil millones de pesos semanales. De prolongarse la inestabilidad internacional, el especialista pronostica presiones sobre las tasas de interés, caídas bursátiles y volatilidad en el tipo de cambio.
Alcaldesa de Tenancingo finge su propio secuestro
En información judicial, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en la simulación de su propio secuestro. Las investigaciones señalan que el plagio fue planeado desde el mes de febrero para encubrir y justificar un desfalco de 40 millones de pesos en las arcas del Ayuntamiento.
Tras una audiencia que inició a las diez de la mañana y concluyó pasadas las nueve de la noche, el juez de la causa dictó el auto de vinculación a proceso; sin embargo, determinó que la funcionaria podrá enfrentar el juicio en libertad. Durante la audiencia, la defensa solicitó que la sesión fuera privada, lo que derivó en el desalojo de reporteros y público.
A las afueras de los juzgados estatales radicados en el municipio, decenas de ciudadanos se manifestaron con pancartas para exigir la renuncia inmediata de la alcaldesa. Los habitantes denunciaron que el gobierno municipal opera bajo la represión, acusando directamente a la edil y a funcionarias de su administración, como Lucero Cruz Aguilar y la directora de gobernación identificada como Guillermina, de abusar de su poder e intimidar a los comerciantes locales.
