En Salta, provincia limítrofe con Bolivia, se conocieron casos puntuales que alimentan la discusión: una embarazada sin residencia regularizada que fue atendida sin poder pagar, y un empresario boliviano que acumuló una deuda de 52 millones de pesos por un tratamiento oncológico pese a residir la mayor parte del año en su país de origen. Según fuentes hospitalarias, este último caso derivó en un juicio.
