El gobierno de Colombia ha anunciado un giro radical en su política migratoria tras ordenar el inicio inmediato de operativos para deportar a migrantes en situación irregular. Durante un consejo de seguridad celebrado en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella instruyó a las fuerzas policiales y a las autoridades de Migración Colombia para intervenir de forma coordinada a partir de esta misma semana. El mandatario enfatizó que la prioridad de estos controles recaerá en aquellos extranjeros que hayan cometido delitos o infracciones, seguidos por quienes no hayan completado el proceso de regularización de sus documentos en el país. Esta nueva directriz representa un cambio sustancial respecto a las medidas de acogida e integración promovidas durante el último decenio en el país. La medida impacta directamente a la amplia comunidad extranjera radicada en territorio colombiano, compuesta en su mayoría por ciudadanos venezolanos. Mientras la administración defiende la iniciativa argumentando la necesidad de preservar el orden público y la seguridad nacional, diversos analistas y defensores de derechos humanos han expresado su inquietud ante el riesgo de que la medida derive en dinámicas de estigmatización o discriminación contra la población migrante.
