El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de una nueva Ley de Asilo y ha iniciado los trámites para realizar una amplia reforma de la Ley de Extranjería. Estas medidas legislativas, que se producen en primera lectura en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta, responden a la necesidad de adaptar el marco legal nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) aprobado en 2024. El Ministerio del Interior ha optado por diseñar una regulación completamente nueva en materia de asilo debido a la "obsolescencia" del texto vigente.Una de las principales novedades de la reforma es el establecimiento de un procedimiento acelerado que exige que los expedientes de protección internacional se resuelvan en un plazo de tres meses. En determinados supuestos, se aplicará de forma obligatoria un procedimiento de frontera con un límite máximo de 12 semanas. Durante este tiempo, las personas interesadas deberán "permanecer a disposición de las autoridades españolas" en instalaciones policiales.Al ser preguntado por el impacto de estas medidas sobre la actual situación en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha detallado que los plazos de tramitación pasarían a ser "más breves" y se aplicarían "sin menoscabo de los derechos y libertades". Asimismo, la normativa impedirá el acceso a territorio español de quienes entren de forma irregular sin derecho a asilo, quienes recibirán la notificación de rechazo "junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país".El Gobierno defiende que esta tramitación se ejecutará bajo un "enfoque garantista" de respeto a los derechos humanos, buscando responder "mejor" a la "nueva realidad del fenómeno migratorio" en un equilibrio que "se conjuga con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad".Entre los cambios destaca la de incorporar de forma expresa realidades que ya venían siendo relevantes en la práctica, como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la de discapacidad, aspectos que, según Interior, "sin duda alguna mejora el abordaje de situaciones concretas de vulnerabilidad". Asimismo, se establece por ley la presunción de minoría de edad para la evaluación de menores desamparados y se configura al Ministerio del Interior como la autoridad decisoria. Para agilizar los procesos, el texto también elimina con carácter general el recurso previo en vía administrativa para quienes vean denegada su solicitud, reforzando la vía contencioso-administrativa ante los tribunales.Aunque España debe trasponer la directiva de la Unión Europea, el Ejecutivo ha decidido hacer uso del margen de discrecionalidad nacional para aplicar algunas exigencias comunitarias en su versión menos restrictiva. Por ejemplo, en el proceso de triaje de las personas extranjeras en fronteras exteriores, el reglamento de la Unión Europea autoriza retenciones de hasta siete días para realizar controles médicos y biométricos. No obstante, España ha decidido limitar este periodo a un máximo de 72 horas, ampliable solo con autorización judicial. Además, el procedimiento fronterizo de retorno se aplicará de forma excepcional a los menores de edad.A pesar de que el proceso legislativo ya está en marcha, el Ejecutivo central no ha concretado las fechas estimadas para la votación de ambos proyectos de ley en el Congreso de los Diputados, en una legislatura marcada por la cercanía de las elecciones generales, que deberán convocarse como tarde en el plazo de un año.
